Despejando caminos inseguros Itinerarios de una investigación sobre la violencia en México*

Salvador Maldonado Aranda**



Resumen:

Producir etnografías ha supuesto riesgos en contextos de guerra, revueltas o violencia cotidiana, pero parece que hoy es más difícil. Percepciones como el incremento de la violencia están redefiniendo las formas de producir conocimiento, lo cual repercute en la representación textual de la realidad. ¿Qué tipo de investigación podemos construir en escenarios donde las “lógicas” de la violencia han reestructurado el mapa de ruta del antropólogo? ¿Qué conocimientos podemos ofrecer? ¿Qué papel juegan nuestras narraciones en el discurso público? Aquí se afrontarán estos dilemas mediante la experiencia de trabajo de campo en una región mexicana con fuertes problemas de narcotráfico y crimen organizado.

Received: 2013 March 17; Accepted: 2013 October 29

alte. 2014 ; 47(1)

Keywords: Key words: drug trafficking, drugs, fieldwork, ethnography.
Keywords: Palabras clave: narcotráfico, drogas, trabajo de campo, etnografía.

Introducción

La ola de violencia que desde hace varios años experimentan diversos países latinoamericanos ha puesto en jaque a gran parte de las instituciones políticas, jurídicas y sociales, incluyendo las educativas. En el caso mexicano, los problemas de inseguridad pública se han extendido a ámbitos académicos que hasta hace poco parecían gozar de cierta estabilidad y tranquilidad. Tanto en términos cotidianos como de investigación, los temores en torno a realizar trabajo de campo, investigar ciertos temas y problemas fronterizos de lo legal e ilegal, estar en el lugar y el momento equivocados, tener represalias o advertencias sobre nuestras preguntas, entre otros, se generalizan conforme se recrudecen los conflictos y las violencias. El impacto a la investigación empírica ya es un hecho y se está sintiendo con mayor crudeza en la medida en que la violencia aumenta, a la vez que algunos aparatos de los Estados nacionales son implicados en actos de corrupción y venta de protección. En consecuencia, parece que estamos ante una suerte de parálisis de la investigación cuando renombrados analistas restringen sus estancias de trabajo de campo o envían a representantes en busca de alguna entrevista exclusiva sin exponerse demasiado; cuando estudiantes deben replantear sus objetos y objetivos de investigación ante burbujas de violencia en sus respectivos lugares de estudio, o bien reducen o eliminan prácticas de entrenamiento profesional in situ aun cuando éstas son parte fundamental de una disciplina como la antropología. Ya no es una novedad que tanto investigadores como estudiantes abandonen pesquisas, replanteen sus alcances o busquen caminos menos “peligrosos” para cumplir las exigencias de instituciones educativas y financiadoras de la ciencia, interesadas en incrementar porcentajes estadísticos de profesionales y demostrar estándares internacionales de calidad y eficiencia educativa.

Ante un panorama tan conflictivo como el de México, y considerando las presiones institucionales por la productividad científica, nos envuelve una serie de temores que nos hacen prisioneros de la misma ola de incertidumbre que, paradójicamente, necesitamos deshilvanar. El objetivo principal de este artículo es, por ende, plantear un conjunto de cuestiones que subyacen a estas experiencias de desencuentro con el fin de profundizar en la discusión sobre el papel de la violencia en la antropología y en las ciencias sociales. El planteamiento general de este artículo comparte el argumento de varios antropólogos sobre los riesgos y dilemas éticos al trabajar con el término violencia (Scheper-Hughes y Bourgois, 1994; Misse, 2006; Heyman, 1999; Ortega, 2008; Das, 2008). Algunos de ellos apuntan que violencia es un término que no puede ser utilizado de manera neutral, pues es multifacético y performativo. Del latín violentia, esta palabra significa fuerza que se usa contra el derecho. Desde esta definición, violencia implica una forma axiológica, pues al existir como hecho fáctico, por lo regular se da fuera de nosotros, lo que lleva a suponer implícitamente que el otro es el sujeto de la violencia. La convocamos, como señala Misse (2006), para provocar una acción en contra de ella, en forma de una posible judicialización de actos considerados condenables. La acusación parece ser la forma primaria de la moralización de esa judicialización de actos considerados violentos. Por ello, la violencia es intrínseca a la producción del derecho en el acto de la incriminación (culpa y disculpa), aun cuando el derecho se mire como un conjuro contra la violencia misma o como una forma de violencia en sí misma (Benjamin, 2007). Scheper-Hughes y Bourgois (1994) afirman que la violencia es intrínseca a la historia, constituye un explanandum, mientras que para Nordstrom y Robben (1995) la violencia se incrusta en el conflicto, de donde se puede conocer la experiencia que ocasiona en los sujetos en forma de subjetividad. Resulta muy interesante que Nordstrom y Robben no desligan el término violencia del cambio sociopolítico (como las guerras o exterminios), del mismo modo en que Bourgois (2010) evita tratarla como un hecho fáctico, representada como pornografía. Esto es muy ilustrador ya que supone que la violencia no puede desligarse de la historia en forma de conflicto (Benjamin, 2007). Cuando toda historia debate sobre el juicio de los hechos, la carga de la prueba de la moralidad se transfiere a la historia misma. Así, el juicio histórico se convierte en una expectativa histórica de que se haga justicia, en la medida en que, experimentada como tribunal, se puede encontrar la absolución o la condena como forma de violencia (Koselleck, 2010). Al final siempre hay sacrificables por la violencia. Por ello, Benjamin (2007) no duda en señalar que la historia de los oprimidos nos enseña que el estado de emergencia no es la excepción sino la regla. La violencia es la productora de la historia o, en otros términos, es la continuación de la guerra por el poder por otros medios (Arendt, 2008). Visto de una forma foucaltiana, la violencia es un dispositivo a través del cual se reproduce y edifica el poder. Es la manera más primitiva del ejercicio del poder o la más sofisticada del biopoder. De tal suerte, el verdadero centro de las relaciones de poder es la reluctancia de la voluntad y la intransigencia de la libertad (Foucault, 1983: 254), en cuyo vértice subyace la violencia.

Estas breves reflexiones nos permiten construir, a continuación, tres críticas al modo en que se está tratando y representando la violencia en el espacio público; posteriormente se expondrá cómo hemos trabajado con el término violencia con base en el trabajo de campo que emprendimos desde hace varios años en una región inmersa en el narcotráfico y la delincuencia organizada. Al final analizaremos algunas formas en que la etnografía se debate como un discurso realista y la manera en que alimenta el discurso público de la violencia.

Tres objeciones sobre la representación de la violencia

La primera cuestión que se debe mencionar sobre las tensiones vivenciales de la violencia es que nuestros temores a ella tienen efectos reales en las maneras de interpretar la realidad. Pero estas tensiones no son naturales, forman parte de un cambio generalizado de nuestro modo de ver y experimentar las realidades que nos rodean, lo que podría englobarse en una tendencia interpretativa destacada brillantemente por Hartog como el presentismo de los siglos xx y xxi. Un nuevo régimen de historicidad que advierte un cambio radical de la relación de la persona con el tiempo y el espacio.

Hartog señala que toda la primera mitad del siglo xx estuvo dominada por el futurismo, un régimen del tiempo que debe entenderse como la dominación del punto de vista del futuro en su sentido imperativo como orden del tiempo: “un orden que no cesa de acelerar y de presentarse como tal. La historia se hace entonces en nombre del porvenir y debe escribirse de la misma manera. El movimiento futurista impulsó esta postura hasta el extremo” (Hartog, 2007: 134). El futurismo se incrustó en la idea de progreso e hizo de la reconstrucción, la modernización y la planificación de las sociedades su praesens: “lo que está frente a mí” o lo “inminente” en el sentido de Benveniste (cit. en Hartog, 2007: 135).

Los acontecimientos de los años sesenta del siglo xx abrieron la crítica más fuerte a la idea de progreso: “Las utopías revolucionarias, progresistas y futuristas, ¡oh cuanto!, en sus principios, pero también preteristas y retrospectivas […] debían operar desde ese momento bajo un horizonte que no superaba en nada el simple círculo del presente” (Hartog, 2007: 135). Más adelante, Hartog apunta:

Llegaron, por supuesto, los años sesenta, las desilusiones o el fin de una ilusión, el derrumbe de la idea revolucionaria, la crisis económica de 1974, el inexorable ascenso del desempleo en masa, el fin del estado benefactor construido en torno a la solidaridad y sobre la idea de que el mañana será mejor que hoy, y las respuestas más o menos desesperadas o cínicas de que todos, en cualquier caso, son miserables en el presente y sólo en él [2007: 140].

En esta progresiva invasión del horizonte por “un presente”, la sociedad de consumo, las innovaciones tecnológicas, la violencia y la búsqueda de beneficios contribuyen a figurar un nuevo régimen de historicidad, una nueva relación del hombre con el tiempo. Nuestra dimensión experiencial de y con el tiempo es lo que Harvey (2004) llamó la compresión del tiempo y el espacio. Así, la productividad, la flexibilidad, la movilidad, el desempleo, la violencia, etcétera, son las nuevas categorías que distinguen “nuestro tiempo” en el sentido de Karl Manheim.

El futurismo se hundió en el horizonte y el presentismo lo reemplazó […] Sin futuro y sin pasado, el presentismo genera diariamente el pasado y el futuro de quienes, día tras día, tienen necesidades y valoran lo inmediato […] Estas conductas traducen una experiencia largamente compartida del presente, son uno de sus componentes, que trazan así uno de los regímenes de temporalidad del presente [Hartog, 2007: 140-141].

El presentismo es, en otro sentido, un nuevo horizonte de expectativa (Koselleck, 2010).

Si el presentismo es un nuevo modo de percibir, experimentar e interpretar el tiempo en condiciones de constricción espacial (nuestra relación con los hechos), es necesario comprender cómo ha cambiado sustancialmente nuestra representación social. A la manera de Foucault, el orden del tiempo se acompaña de un nuevo orden del discurso en el que las palabras y las cosas adquieren otros significados. El orden del discurso dominante que distingue la actualidad es una “economía mediática del presente [que] no cesa de producir y de consumir acontecimientos” (Hartog, 2007: 141). Es una nueva historia en tiempo “real” dada por los medios de comunicación masiva, internet, etcétera. La “producción” y el “consumo” de acontecimientos encuentran un paralelismo en las reflexiones de Lacan cuando disocia el acontecimiento del espectáculo como algo más real que la realidad. En otras palabras, la economía mediática del presente ha contribuido a diluir o eclipsar la noción de acontecimiento -tal como la conocemos en ciencias sociales- por la de espectáculo. Por ejemplo, cuando las guerras, hambrunas, desastres o asesinatos son televisados o expuestos en internet, por lo regular pierden sus contextos y sus vínculos históricos con las acciones del hombre. Así, la violencia en el mundo se ha convertido en una especie de espectáculo mediático en el que el discurso público sobre ella dramatiza -hasta volver satíricas o draconianas- historias personales y las desliga de los acontecimientos que las produjeron. La violencia que se reproduce por los medios de comunicación masiva1 provoca más temores y el miedo se incrusta en el cuerpo y la memoria. Sobre esta dramatización mediática es menester reflexionar más ampliamente; sobre la forma en que el Estado sigue controlando el discurso de producción de la violencia, expulsándola fuera de él. A esto llamaré la estatización del discurso de la violencia.2

La representación mediática de la “anomia social” construye una especie de desnudo del cuerpo humano, expuesto cotidianamente en escenas constituyentes de historias desenfrenadas de culpabilización y terror. Dicha pornografía de la violencia (en el sentido de Bourgois), del cuerpo condenable o asesinable, tiene un efecto fulminante sobre nuestra apreciación de lo inmediato, lo cercano o lo familiar. Se producen diversas figuraciones de lo ilegal sobre el otro. Pero no es natural que nuestra particular apreciación sobre la violencia hacia lo familiar o individual sea así; se alimenta de un discurso neoliberal que pone el acento en la persona y en sus competencias, el individuo y su medio. Este marco discursivo hace que nuestra visión de la violencia quede personalizada en la memoria individual. Entonces, estas violencias individualizadas provocan mayor sentimiento de moralidad y son, al mismo tiempo, el objeto principal del debate público. Ya no es la interpretación del acontecimiento -el hecho político o el conflicto- lo que origina la violencia, sino la condición del afectado, el derecho humano, la persona y sus consecuencias individuales o familiares.3 Tal visión mediática de la violencia y el terror forma parte del régimen presentista que Hartog (2007) propone discutir y cuyo impacto se siente en la adopción de ciertos discursos académicos posmodernos. Ahora lo que importa es el ser en lo inmediato, y esta inmediatez significa atender, dar consuelo y comprometerse con los daños. La construcción pública del desamparo y la violencia genera discursos liberales de apoyo moral o asistencial. Dicho en otras palabras, lo que ha operado como principal característica de la estatización del discurso de la violencia es la expulsión del acontecimiento histórico-antropológico por el daño social e individual y la memoria a través de la política del recuerdo y el olvido. La individualización del peligro, el trauma y el terror tienen en la memoria su principal vehículo de expresión. En otros términos, la estatización de la violencia que se ha producido desde el presentismo sustituye preguntas clásicas de las ciencias sociales por sentimientos generalizados de caos y miedo, como el desplazamiento de categorías de conflicto, lucha, acontecimiento, por la idea de desorden o de un mundo posmoderno loco y violento sin moralidad; un nuevo discurso de la barbarie. Por tanto, lo recomendable es volver a plantear el tema de la violencia como acontecimiento histórico límite, producto de unas relaciones de poder locales y globales de donde derivan conflictos y se desencadenan guerras, luchas y faccionalismos con grandes dosis de violencia; y, al mismo tiempo, comprender en la medida de lo posible que la violencia no es una categoría neutra, sino polisémica, cuyo uso depende del discurso de legitimación desde donde nos encontremos, por ello nunca puede ser políticamente neutral; es instrumental en la medida en que se usa para algo. Así, la violencia, el poder y el conflicto son indisociables (Nordstrom y Robben, 1995), conforman estelas de sucesos pequeños o grandes a los cuales los antropólogos o historiadores debemos interrogar. Ésta es la recomendación de Žižek (2009): no anatemizar la violencia, condenarla como mala, al igual que no podemos caer en la postura ideológica de una “ilusión ética” al pensar que lo que necesitamos en momentos tan álgidos como éstos es actuar de inmediato sin saber o tener claro quiénes se benefician de las apologías de la violencia.

La segunda cuestión que queremos plantear es que el nuevo régimen de historicidad -el presentismo- ha tenido un fuerte impacto en las ciencias sociales, en particular desde el giro posmoderno más excéntrico. Cuando el presentismo expulsa la noción de acontecimiento de la naturaleza de la historia (Dosse, 2006), lo que queda son resabios, significados descontextualizados, metáforas, fenómenos suspendidos en el tiempo y el espacio. De la misma forma, la separación del conflicto sociopolítico de la violencia entre las personas posibilita un discurso “pornográfico” de la misma. Como resultado, se llega a representar a la antropología como una disciplina sin historia de peligros, en una suerte de romanticismo de la etnografía con sus sujetos de estudio. Es decir, parece que las etnografías clásicas no afrontaron temores ni situaciones complicadas en las que la violencia era parte de los obstáculos por superar. Al respecto, vale la pena señalar que ni las mejores etnografías clásicas estuvieron exentas de circunstancias difíciles; después de todo, cuando Edmund Leach estudia a los kachin de Birmania, en 1939, su trabajo de campo es interrumpido por la Segunda Guerra Mundial, tras unirse al ejército birmano. Con base en esa experiencia elabora una obra significativa. Mientras tanto, Evans-Pritchard se auxilió del ejército británico para poder estar entre los nuer, después de haber sido soldado. No menos importante ha sido el trabajo de otros antropólogos más contemporáneos, como Taussig (2005). Así pues, uno de los problemas que plantea la difícil relación de la etnografía con la violencia es la sobrepolitización de los valores y situaciones de riesgo acrecentados por la “politización” del trabajo de campo.

Esta situación se intensifica cuando las etnografías, cuyos trabajos de campo son interrumpidos, cancelados o redefinidos, se rodean de premisas acerca de una imposibilidad en su realización. No obstante el peligro, lo “realmente real” y lo “real” en el sentido lacaniano, vale la pena recordar el famoso artículo de Terradas sobre realismo etnográfico, donde critica los problemas de la politización de los valores del antropólogo y reivindica el diálogo entre etnografías, en términos de sus posibilidades de comparación y contrastación (Terradas, 1993). Para él, los peligros y valores en las etnografías deben ser independientes de su producción.

Deben conocerse las condiciones de observación y obtención de la información etnográficas […] El conocimiento directo de las fuentes, la familiaridad que se tiene de ellas, la permanencia continuada con las mismas, el considerarse autorizado por sus actores para interpretarlas […] Todo lo que nos puede convencer de realismo en una etnografía hay que buscarlo en su texto y en relación con otros textos ya existentes o previsibles [Terradas, 1993: 126].

La crítica a los giros posmodernos de cierto tipo de antropología es uno de los aspectos más relevantes que afronta Terradas, pues para él la politización de los valores del antropólogo ha desplazado el diálogo interetnográfico que posibilita avanzar el conocimiento antropológico y no la exhibición de los valores del antropólogo y sus juicios sobre verdad o falsedad. Añade:

Siguiendo con una perspectiva realista, debe instruirnos la comprobación de que lo que para algunas etnografías posee una función descriptiva, para otras se convierte en una proposición explicativa o interpretativa o al revés. Ante ello, resulta fútil extraer conclusiones acerca de la objetividad o sinceridad de sus autores o de la influencia de sus culturas. Hay que tomar las medidas a las etnografías [Terradas, 1993: 122].

La tercera cuestión es que, derivadas de los peligros de la violencia, las preguntas etnográficas están más enfocadas en los significados del terror en sí mismos que en el contexto que los dota de sentido y significado. Vista así, la violencia tiende a comprenderse como un problema de amoralidad e irracionalidad. John y Jean Comaroff (2009) mencionan que el asunto de las geografías de la violencia a menudo esconde la hipocresía de los países del norte en la producción de las violencias en el sur, bajo la forma de gobiernos indirectos privados. Estos significados presumiblemente inmanentes a los fenómenos de miedo nos llevan al tema de las preguntas etnográficas. Argumentaré que algunos interrogantes que los analistas se están haciendo sobre la violencia obedecen a sentimientos generalizados de desorden y moralidad de la vida humana antes que a las dimensiones y fuerzas locales y globales que producen la violencia. La expulsión del acontecimiento de la historia en términos de Hartog (2007). Los sentimientos de desorden presentes en algunas preguntas de investigación parecen estar alimentados y sobredimensionados por la construcción pública del pánico, por la invasión o saturación discursiva y mediática que los medios hacen en la promoción del populismo punitivo. Parte del miedo actual parece ser esa construcción pública que suele presentarse como más real que la realidad.4 La producción de pánico público por medio de escenas dramáticas televisivas y periodísticas ha creado una especie de psicosis colectiva que ha redefinido las relaciones, las percepciones y los mapas cognitivos sobre la violencia y el ser humano. Cuando el pánico se instala en la cotidianidad genera sus propias historias y realidades; la percepción de vivir en medio de situaciones inesperadas, caóticas o inciertas multiplica la desconfianza y nos hace dudar de todo cuanto nos rodea. El resultado es que la población ya no sabe reconocer dónde están el bien y el mal, o lo legal y lo ilegal.

En síntesis, las tres representaciones comunes de la violencia han influido en nuestra manera de entenderla, nuestras preguntas de análisis y también nuestra forma de relacionarnos con ella. Sin embargo, a fin de discutir con más amplitud las cuestiones planteadas y ver si es posible proponer algunas alternativas, recurriré a la experiencia de mi trabajo de investigación sobre la violencia y el narcotráfico en el sur de Michoacán, situado en el occidente de México (Maldonado, 2010 y 2012). Desde el año 2000, aproximadamente, inicié dicha investigación con el propósito de analizar las transformaciones rurales de la población en contextos de cambios agrarios, políticos y migratorios. Me interesó mucho comprender el problema de la violencia rural, escudriñando cerca de ocho mil documentos de distintos archivos y recorriendo por temporadas largas la región. Hasta 2005 viajé, entrevisté a gente local, me interné en poblados rurales, la sierra, etcétera, sin relativos problemas, gracias a amigos que hice como parte del trabajo de campo. Había ciertos códigos, entre ellos no preguntar casi nada sobre el narcotráfico (salvo lo que se dijera en público), la violencia y los grupos relacionados con ello. Esto me permitió penetrar recónditos lugares mediante estrategias de campo, a veces simuladas, a veces ex profeso para alguna entrevista. Después de 2006 y prácticamente desde 2008 ya no pude incursionar en la región con tanta naturalidad debido a los enfrentamientos armados entre los cárteles de la droga. El trabajo se hizo muy peligroso, además de que ya estaba publicando los primeros resultados, lo cual me situó en un dilema ético acerca de las visitas a mis amigos locales por temor a la implicación sobre la información. Desde 2011, más o menos, he realizado trabajo de campo más esporádico, con movimientos más rápidos de un lugar a otro y, sobre todo, “a salto de mata”, es decir, de aquí para allá, con conocidos o a veces sólo recorriendo poblados sin preguntar nada, observando los cambios de paisaje y el movimiento de las personas. El conflicto armado se agudizó tanto que no hay modo de introducirse en las localidades rurales. Estas experiencias intentan contextualizar algunos problemas de la violencia, estrategias y salidas de esta suerte de parálisis de la investigación social que muchas personas experimentan en sus respectivos lugares de indagación y de vida. No se trata de presentar cápsulas de cómo sortear la violencia o trazar caminos menos peligrosos. Tampoco es un testimonio de cómo ésta afecta el trabajo de campo y la escritura. Es una respuesta crítica a algunos enfoques e interpretaciones que actualmente observan la violencia como un problema en sí mismo,5 acentuado por los medios de comunicación masiva con imágenes de terror.

Un breve background

Una de las principales preocupaciones del trabajo de investigación que he realizado en los últimos años ha sido el esclarecimiento del contexto histórico-antropológico de la producción de la violencia rural en algunas regiones michoacanas, y cómo, conforme avanza el tiempo, fue transformándose en violencia criminal, encarnada en la formación de cárteles y delincuencia organizada. Se advierte un proceso complejo de conformación de territorios al margen del Estado, cuyos actores ejercieron soberanías paralelas o traslapadas ante la necesidad apremiante de justicia o de poder y control político. El territorio, la soberanía local y las rebeliones contra el centro político en momentos históricos particulares dieron lugar a formas culturales específicas de interactuar. En medio de estas prácticas se desarrollaron también -y de manera importante- mercados ilícitos que sólo por su condición de ilegalidad podían penetrar inhóspitas tierras, serranías y escasos poblados. Esta situación posibilitó el establecimiento de economías ilegales asociadas al comercio ilícito de madera, animales, tabaco, minerales, etcétera, configurando determinadas identidades político-culturales. Durante el siglo xx, el interés por revertir los márgenes del sur de Michoacán se conjugó con la política de consolidar el Estado mexicano. Así, se llevó a cabo un proyecto oficial de tipo agrario, hidráulico y ferrífero con el fin de “integrar” el territorio a la nación, construir ciudadanía y desarrollar una economía regional legal para abastecer el mercado interno.

En la década de los sesenta, la región otrora atrasada, insalubre e indomable experimenta una transformación profunda: la Tierra Caliente se convierte en el centro de procesos transnacionales agrícolas, la Sierra Madre del Sur se conecta por medio de comunicaciones terrestres para reducir la distancia y acelerar la movilidad, y la costa michoacana sufre embestidas de rancheros-mestizos para que indígenas nahuas vendan o arrenden tierras comunales para cultivar droga o para sembrarla ellos mismos. Amén de las grandes desigualdades que produjo la intervención estatal en el sur de Michoacán, la transformación de los territorios generó otro tipo de violencias e ilegalidades. Violencias de tipo rural asociadas a disputas por la tierra, caciquismos agresivos, delincuencia común en forma de robos, violaciones, agresiones, etcétera, y represiones estatales contra todo tipo de “males”, como le gustaba decir al comandante de partida militar establecida desde 1959 para combatirlos.

Sin embargo, uno de los fenómenos más novedosos fue la emergencia de una economía ilegal de drogas que obtuvo un impulso directo o indirecto a través de la modernización agrícola, territorial, de comunicaciones, entre otras. Esta economía ilegal “aprovechó” las condiciones de conexión del mercado local al regional y transnacional para expandir zonas de cultivo de mariguana y amapola, así como para su trasiego. La formación de este tipo de violencias no está alejada de las lógicas y nexos de poder tradicional que ejercieron élites, narcos, caciques e instituciones gubernamentales avocadas a erradicarlas. Entre los años sesenta y setenta el boom agrícola que experimentó la Tierra Caliente también repercutió en el crecimiento de actividades ilícitas de manera que el gobierno federal ya había identificado al narcotráfico como uno de los principales problemas de sur de Michoacán. Para ello, había aprobado -quizá- la primera operación castrense planeada contra los estupefacientes a cargo de un militar de mano dura; en boletines militares que pude consultar en el archivo histórico se registraron operaciones de erradicación, aprehensión y desaliento de los productores de droga. No obstante, durante los años ochenta, las políticas de ajuste estructural y de reforma del Estado impactaron enormemente la economía y la política local y regional. Los procesos de desmantelamiento del Estado fueron casi catastróficos para una economía agrícola que dependía de contrapesos a los procesos de exclusión y desigualdad. En este contexto, el narcotráfico adquiere nueva relevancia a partir del amalgamiento de varios fenómenos, entre ellos un desplazamiento masivo de gente dedicada al campo hacia territorios serranos para emplearse en el cultivo y el tráfico de droga, la transnacionalización de las drogas, el desmantelamiento del aparato público, las restricciones a la migración internacional y una fuerte presión demográfica por encontrar espacios de movilidad ocupacional y prestigio en la sociedad regional.

Como se podrá observar, sitúo el narcotráfico y la violencia asociada a las drogas en el marco de las políticas de reestructuración económica y social y de reforma del Estado. Analizo el impacto de éstas en el territorio michoacano desde tres rubros: 1) los desenlaces de la crisis agrícola y su “financiamiento” con dinero ilícito; 2) la falta de oportunidades en un entorno de fuerte presión demográfica por ascenso social y prestigio, y 3) el tema de la migración y sus restricciones internacionales. En resumen, hago un examen del narcotráfico en función de cómo las relaciones sociales, económicas y culturales se van “narcotizando” hasta alcanzar su expresión en la violencia criminal. Los territorios de cultivo de droga se amplían, ocasionando mayor tráfico de bienes ilegales. Ante la falta de oportunidades de movilidad, crisis del campo y restricción migratoria, los cárteles de la droga adquieren un poder inmenso sustentado por códigos de solidaridad y silencio de sociedades típicamente rancheras. Al seguir de cerca la historia del narcotráfico a partir de los años ochenta, advertimos cómo las políticas antidrogas se combinaron peligrosamente con la violencia política del régimen priísta. Éste es el punto crítico de las primeras espirales de la violencia criminal. Desde mediados de los ochenta, el combate a las drogas guarda una estrecha relación con la efervescencia político-electoral, y la militarización va de la mano con la represión a la oposición política. El resultado es una fuerte criminalización de las regiones del sur de Michoacán. En este sentido, analizamos cómo surgen los cárteles y qué tipo de relaciones tejen dentro de los territorios y en el nivel político. El control territorial de zonas serranas de cultivo, las redes de tráfico, la recepción de cocaína de Sudamérica y sustancias químicas de Asia se convierten en el principal objetivo; configuran una realidad increíblemente compleja y llena de violencias de toda clase. No obstante, el poder criminal es profundamente contingente, delicado, mientras que el poder político es una pieza fundamental en este tipo de gobernanzas. Por último, la entrada en escena del Operativo Conjunto Michoacán, en diciembre de 2006, marcará una de las fases más agudas de la violencia. La militarización de las drogas bajo una política internacional de combate al narcotráfico arroja cifras por demás dramáticas. Los conflictos y alianzas o reajustes de los cárteles están a la orden del día. El control de los territorios y las redes de producción, distribución y venta es el principal punto de conflicto. De este modo surgen cárteles cada vez más dispuestos a utilizar cualquier método para anular a sus rivales. En síntesis, la investigación analiza y explica cómo lograron emerger territorios y grupos “ilegales” que hoy están desafiando al Estado mexicano, o bien han capturado grandes partes de él.

Cabe comentar que para efectuar una investigación de este tipo no fue fácil el trabajo de campo: escudriñar archivos, etnografiar vidas humanas, interactuar con la gente, recorrer comunidades rurales por caminos deshechos, en medio del inmenso calor durante todo el año, la sospecha, etcétera. Desde luego hubo riesgos y varias cosas más al conocer a algunos exnarcos, políticos que al parecer estaban involucrados en el negocio, sicarios jóvenes, aventurados camellos, entre otros personajes. Sin embargo, esta clase de incidentes no debería sustituir nuestras observaciones sobre los procesos y representaciones que constituyen la violencia. Una de las cuestiones más relevantes, fuera de todo sensacionalismo, de la antropología como heroísmo, son las posibilidades realistas que tenemos a la hora de emprender etnografías y qué conocimientos etnográficos podemos proporcionar de acuerdo con nuestras valoraciones, peligros y capacidades o habilidades. Abordaré estas preguntas a continuación.

Posibilidades realistas de la etnografía

Los problemas de violencia que experimentan los países latinoamericanos han colocado a los analistas en una condición compleja tanto sobre la “ubicación” de la violencia en tiempo/espacio como sobre la narrativa a adoptar para dar cuenta de las situaciones contradictorias que se observan en el campo, además de los dilemas éticos y desafíos públicos. No obstante, cuando hablamos de posibilidades realistas de las etnografías en momentos en que la observación participante y la entrevista están en entredicho, debemos tener presente que la violencia no se encara “haciendo frente a los actores mismos”. Es probable que muchos sueñen con tener una entrevista exclusiva con alguien poderoso, con desenmarañar aspectos sustanciales del narcotráfico o reconstruir historias de vida de personajes ligados a bandas o pandillas, pero eso no agota en absoluto el conocimiento etnográfico. Las dimensiones realistas de una investigación que recurre al trabajo de campo como principal medio de información en contextos de violencia deben partir de un aprendizaje y reconocimiento de las distintas lógicas de violencia que pueden producir consecuencias negativas para las personas y el mismo investigador (véase Nordstrom y Robben, 1995; Bourgois, 2010; Taussig, 2005; Camus, 2012; Durin, 2012). Por definición, no es lo mismo una guerra, una insurrección o una manifestación que termina en represión que aquellas violencias urbanas, rurales y el terror por el narcotráfico y la delincuencia organizada. Reconocerlo nos ayuda a plantear preguntas que pueden o no deben hacerse en determinados lugares. Como la ética, la etnografía es profundamente contextual y situacional, por lo que su representación textual dependerá de la forma en que nos hayamos acercado a los problemas de investigación. Empero, más allá de estas consideraciones, lo más importante de una investigación que tenga por objeto de estudio la violencia o temas relacionados con ella es una buena definición del objeto y del objetivo de investigación considerando las lógicas de la violencia y la seguridad. Por ejemplo, es frecuente pretender explicar el fenómeno de la violencia criminal como un problema estrictamente delincuencial y hasta cierto punto urbano, aunque la mitología de lo rural ha instaurado un imaginario intrínsecamente violento al campo. Pero se olvida que este tipo de caracterizaciones tiene dimensiones locales y globales que responden a lógicas de poder diversas, a menudo en las sombras (Comaroff y Comaroff, 2009). Baste señalar, por ejemplo, como ya lo hicimos antes, que después del fin de la Guerra Fría, el discurso mundial sobre la violencia se transformó radicalmente, a partir del colapso del mundo bipolar. Así, fue proliferando una interpretación hegemónica sobre la violencia desde una concepción del otro como enemigo. A esto se le llamó una violencia sin rostro, cuyo discurso hacía alusión a un cambio de actores y contextos vinculado con el crecimiento de la violencia en las ciudades y con la depauperación o miseria de los pobres. Entonces, los “enemigos” de los Estados nacionales y el capital ya no son otros Estados o actores armados en busca de transformar el sistema internacional, sino amplios sectores de la población que están quedando fuera de los estándares de vida digna. Pero, como argumenta Misse (2010), las asociaciones entre pobreza y crimen son más bien una construcción política que esconde “relaciones peligrosas” entre las élites y el crimen organizado. La teoría de la nueva barbarie, difundida desde los países del norte sobre la violencia en el sur, ha sido desde hace ya algunas décadas el discurso con el cual se han justificado campañas militares de represión para contener disturbios civiles, protestas, actos de robo y asesinatos que ponen en peligro intereses transnacionales.6 La preocupación mundial por el ascenso de la violencia urbana entre los sectores desprotegidos va unida a la redefinición del papel de los Estados nacionales en la dotación de servicios públicos, así como en las políticas de ajuste estructural que dieron forma al neoliberalismo como una política de excepción y exclusión social.

En este sentido, la redefinición mundial de las políticas de defensa de los Estados nacionales ha cambiando de modo significativo porque ahora las competencias bélicas ya no son entre Estados, sino hacia el interior de los mismos, lo que supone que la violencia se produce por actores que desafían las leyes y las instituciones en términos de seguridad interna. Así va apareciendo un discurso sobre la estigmatización de ciertos sectores, en estrecha relación con las corrientes neoconservadoras que proponen mayores castigos a quienes infrinjan la ley y el supuesto orden. Por tanto, las dimensiones realistas de la etnografía suponen comprender muy atentamente los procesos o fenómenos que están bordando la producción de la violencia y cómo los actores sociales la están procesando. Es una forma de construir conocimiento situado. Tenemos, por ejemplo, el caso de los migrantes (o quienes aspiran a serlo) en los territorios estudiados en el sur de Michoacán, que ante las políticas restrictivas hacia el norte, se están enrolando en bandas de delincuencia organizada por una compleja combinación de elementos que los sitúan en dilemas profundos. Uno de los más relevantes es la búsqueda de independencia privada en contextos culturales donde las familias tienen arraigados valores de prestigio e independencia económica. El prestigio es un valor típico de sociedades rancheras pues significa reconocimiento social, aceptación de la persona como un ser “responsable” que ha construido una trayectoria de vida con esfuerzo y dedicación, con suficientes medios para vivir, reflejados en una aprobación social para formar una familia. El lado contrario del prestigio es que una persona joven, que no puede construirse un futuro más o menos seguro, se interpreta como “fracasado”; alguien que no pudo salir adelante, lo que en otras palabras significa como de “poco valor”. Alrededor del prestigio se encuentra un conjunto de medios que la sociedad ranchera ha construido como forma de fincar trayectorias de vida. La migración fue una de ellas, así como el trabajo en el campo, el comercio y diversos conocimientos que dotan al individuo de habilidades para salir adelante. De tal suerte, ante el cambio de las fuentes de construcción y realización de la persona, muchos jóvenes, migrantes o no, encontraron en el negocio de las drogas una fuente de ascenso social, incluso más rápido que otras trayectorias de vida como la migración. Entonces, el involucramiento en el cultivo o el tráfico de drogas devino la opción más común para poder convertirse en personas “dignas” y “respetables”. Así, en una sociedad regional que ha convivido durante décadas con el negocio de la droga, sin censurarla o rechazarla, los jóvenes o jefes de familia en desgracia han contribuido a multiplicar el problema de las violencias en sus sociedades.7

Pero detrás de estos jóvenes o jefes de familia hay historias de vida que nos enseñan encrucijadas que la gente debe definir para poder construirse un futuro mejor. Creo que a esta clase de dimensiones realistas podemos acceder para brindar una explicación sobre la generalizada violencia que azota estas comunidades y el país entero. No pocas familias han padecido problemas en el campo agrícola: han perdido su tierra, empeñado la cosecha, cerrado comercios, clausurado su educación y movilidad, etcétera, lo que dificulta la reproducción material y social. Jefes de familia y jóvenes encontraron en el negocio de la droga fuentes de subsistencia o riqueza y mayor prestigio que en circunstancias “normales” nunca lograrían. Desde luego esto es sólo una cara del problema, en la medida en que las relaciones peligrosas de actores políticos con los mercados ilícitos no cuestionan el papel de las élites, empresarios, agentes privados, etcétera, en el amplio mercado de las drogas y la corrupción o la impunidad.

Detrás de la violencia hay procesos materiales y culturales, locales y globales muy complejos que requieren comprenderse en lugar de exotizar la violencia y llevarla al extremo de la irracionalidad. Al respecto, sugiero el planteamiento de Das, quien al interrogarse cómo comprender el papel de la antropología en relación con la violencia nos propone dejar atrás la visión que se tiene de ella como “un testimonio contra la vida misma”, y entender cómo se redime la vida de las personas en términos de lo cotidiano, cómo le hace la gente para seguir viviendo con los costos de la violencia.

La función pública de la antropología […] es presenciar el descenso hacia la vida cotidiana a través de la cual las víctimas y los sobrevivientes afirman la posibilidad de la vida al retirarla de la circulación de palabras que han enloquecido, al regresar las palabras a casa, por así decirlo [Ortega, 2008: 167].

Regresar las palabras a casa significa de otra forma “explorar la profundidad temporal en que se viven estos momentos originarios de la violencia” (Das, 2008: 247). En suma, las dimensiones realistas de la etnografía suponen comprender la violencia desde el punto de vista de los procesos materiales y subjetivos que le otorgan sentido y significado. Al mismo tiempo, entender las distintas lógicas de la violencia es fundamental para construir “entornos de seguridad” mínima en los lugares donde se realiza trabajo de campo.

Del realismo etnográfico a la política del conocimiento

Otra cuestión sobre etnografía y violencia deriva de la necesidad de preguntarnos qué tipo de conocimientos antropológicos podemos y estamos interesados en producir y quiénes son sus principales receptores, además de la comunidad académica. En sentido estricto, uno de los problemas más complejos respecto de la violencia en México y en muchos países son las fuentes accesibles y su fidelidad (Escalante, 2012). De acuerdo con mis observaciones, en el tratamiento de las violencias no se cuenta con información suficiente, veraz e integral sobre la “verdad” del problema.8 La información oficial ha sido cada vez más opaca en tiempos de conflictos severos, cuando no políticamente manipulada (Misse, 2006). Otra de las limitaciones es que la información pública se produce por lo general en oficinas policiales o militares y de inteligencia, lo que significa que el control de la información oficial es una prioridad nacional que los gobiernos no están dispuestos a compartir. Esto tiene diversas consecuencias. Una de las más importantes es que gran parte del control de la información contribuye no sólo a que se desconozca su magnitud, sino también que puede ser empleada para construir realidades que no siempre corresponden a lo que pudo haber pasado. Una de las preguntas que siempre me he hecho acerca del narcotráfico en la región de estudio es quién produce la información, cómo se filtra, bajo qué reglas y para qué. Escalante (2012) se pregunta lo mismo para el nivel nacional. Por ejemplo, la lucha entre los cárteles de la droga se filtra únicamente por medios oficiales y las interpretaciones respecto de que tal o cual narcotraficante fue asesinado por otro bando o que el ajuste de cuentas fue motivo de traición obedecen única y exclusivamente a una interpretación oficial de los hechos. Las notas periodísticas informan de enfrentamientos, combates o reajustes de los cárteles en mayor medida por la información filtrada de los medios policiales o militares y de inteligencia. Es raro que los periodistas tengan acceso a una nota, y cuando hacen investigaciones por su propia cuenta y riesgo han sido objeto de represión tanto del crimen organizado como del Estado.9 Así las cosas, nuestras interpretaciones sobre el narcotráfico y las violencias están mediadas por el discurso estatal de la violencia y controladas por las fuentes oficiales, lo que supone una perspectiva de hechos que es políticamente sesgada y orientada hacia el público.

Hasta cierto punto, hay similitud entre el discurso estatal de la violencia y el discurso de lucha entre los cárteles de la droga. Una de las tendencias más difundidas en el medio periodístico (y también en el académico) es seguir el modelo oficial explicativo de la violencia. Es decir, gran parte de los estudios y en mayor medida reportajes sobre narcotráfico y violencia reproducen acríticamente diversas lógicas explicativas de los problemas, en el mismo sentido en que se traducen las notas (cf. Escalante, 2012). Aquí vale la pena mencionar como ejemplo las luchas entre los cárteles de la droga, pues parece haber una obsesión casi enfermiza por tratarlas como resultado de traiciones y valentías, pero, en verdad, ¿quiénes han tenido acceso a las declaraciones ministeriales, averiguaciones previas o consignación de los personajes capturados?, ¿cómo se define el bando de los narcos?, ¿cómo saber que la información es verídica?, ¿qué papel juegan otros intereses más allá de los enfrentamientos? Todas estas preguntas deben hacernos un poco escépticos de las notas diarias y de noticieros televisivos respecto de la guerra contra el narcotráfico y el discurso de que la militarización ha tenido efectos positivos en el control de la violencia.

Ante tal escenario, es conveniente reflexionar sobre qué clase de conocimientos podemos proporcionar en condiciones realistas. En efecto, el crimen se ha tornado más terrorífico, pero este tema merece una discusión sumamente amplia sobre el significado que la violencia en el cuerpo humano tiene tanto para las víctimas como para los victimarios. El caso de Sierra Leona, África, demuestra que muchas de las atrocidades cometidas durante la guerra fueron protagonizadas por niños a partir de los efectos del crack proporcionado por las milicias para superar el miedo y el horror. Sin embargo, en tiempos “normales”, estos niños soñaban con ir a la escuela, estudiar y tener un mundo mejor. Las máquinas de guerra como éstas se han reproducido en diversos lugares del mundo como Sri Lanka, Ruanda, Perú, Colombia y ahora México. Pero los ejércitos sanguinarios no operan fuera de culturas locales y estructuras de poder formal e informal y redes de crimen transnacional. Desde aquí es posible apuntalar una serie de observaciones sobre qué conocimientos podemos aportar frente a la violencia. En cierta forma, esto es lo que hago en mi trabajo de investigación sobre el sur de Michoacán; un análisis de cómo se fue configurando la violencia actual en términos de múltiples variables que sitúan la criminalización y estigmatización de la región, sus grupos sociales y las personas dedicadas al negocio de la droga. Más concretamente, una manera de escapar al discurso oficial del narcotráfico y las historias nacionalistas de los narcos como personajes cuasimíticos fue partir de interrogantes acerca de cómo se habían conformado históricamente regiones narcotizadas, por qué el narcotráfico había arraigado con tanta fuerza, qué relación tenía con el Estado, cuál es la economía política que lo produce, entre otras cosas (Maldonado, 2012).

La investigación siguió un curso “tradicional” pero con ciertas decisiones estratégicas. La más notable fue que, en lugar de indagar a los cárteles en sí mismos, evitando preguntas que pronto me hubieran generado problemas de inseguridad, propuse profundizar en la economía política del narcotráfico, lo cual posibilitó que emergiera un conocimiento amplio sobre las transformaciones geográficas, económicas y políticas de territorios identificados como espacios de narcotráfico. Esto es parte de una realidad que hasta hace poco se desconocía: que grandes regiones rurales se especializaron en el cultivo de mariguana y amapola o en drogas sintéticas. Así, correlacioné la emergencia histórica del cultivo de droga con otra variable de gran trascendencia: la transformación espacial del Estado y los “ilegalismos” que provocaron dichos cambios. La región históricamente ha sido una zona donde los problemas de justicia, despojo, violencia y mercados ilegales forman parte de la rutina cotidiana. Estos problemas se recrudecen de acuerdo con los ciclos económicos y las coyunturas políticas o la reconfiguración de grupos ilegales.

Otro factor de suma relevancia para comprender cómo se va configurando la imagen de regiones conflictivas son las conexiones de estas regiones con procesos transnacionales. Esto es, los vínculos de la economía local con la mundial, así como la movilidad poblacional a través de la migración interna e internacional. Contrario a lo que se piensa, estas regiones michoacanas tienen contacto frecuente con el exterior, mediante intercambios económicos, informáticos y humanos. La economía agrícola, como ya hemos señalado, se caracteriza por la exportación fluida de frutas y legumbres, misma que conectó otros procesos como el flujo poblacional y de recursos. La migración al exterior se incrementó en las últimas décadas por problemas de ingreso económico y por experiencias migratorias previas, aunque recientemente ha habido un serio desplazamiento forzado por la violencia criminal.

En conjunto, mediante una evaluación en tiempo y espacio, estos tres procesos contribuyeron a entender cómo emergió el narcotráfico. Sin embargo, para explicar parte de la violencia tuvimos que reconocer otros procesos que derivaron de las grandes transformaciones económicas y políticas. Uno de ellos, y quizás el más importante, es que las campañas contra el cultivo de droga por parte del ejército, de 1959 en adelante, se instrumentaron en el contexto de otro problema delicado para el gobierno federal: la gestación de movimientos de oposición política de carácter regional. Su fortaleza y supuesta amenaza generó una cierta perversión de las concepciones de seguridad interior o nacional, ya que la represión política se escondió detrás del combate al narcotráfico. Es cierto que se combatieron la delincuencia, el pistolerismo, el abigeato y la venta de alcohol, pero también hubo intereses políticos muy claros. La militarización del combate a las drogas se llevó a cabo en un entorno de oposición política al régimen, de los años sesenta a los noventa del siglo xx. De hecho, la historia del combate al narcotráfico en Michoacán puede interpretarse en el marco de una estrategia contra la oposición política. El ingreso del ejército y los cuerpos policiales a la vida cotidiana de la región imprimió otras dinámicas, por ejemplo la de estigmatizar ciertas comunidades y sus habitantes como personas que sólo se dedican al cultivo y el tráfico de droga. Esto significó mayores violencias en una especie de círculo perverso. Así entraron en escena los cárteles de la droga, brindando apoyo a comunidades rurales, interviniendo en problemas de justicia, intermediación, etcétera. Por lo menos desde la década de los ochenta, periodo en que hubo un crecimiento exorbitante de dichas actividades ilegales, los cárteles constituyeron estructuras más especializadas y diversificadas en la medida en que el negocio se volvió más riesgoso, pero también exitoso.

En suma, el tipo de conocimiento que podemos brindar acerca de la violencia pasa por un replanteamiento de la facticidad de ésta, evitando caer en el juego de reproducir las mismas palabras y hechos que se difunden desde los sótanos del poder oficial. Asimismo debemos reflexionar sobre las nociones naturalizadas de Estado, derecho, orden, entre otras. No podemos concebir la violencia sin relación con el Estado y el poder, puesto que la violencia nunca es presocial o natural. De igual modo, debemos tener cuidado al utilizar el término violencia, pues, como Misse ha escrito, usamos esta categoría en calidad de operador analítico, de concepto (sin tener en cuenta su polisemia) para acusar lo que creemos que debe estar sometido a juicio político y, en el mismo movimiento, para provocar una contraviolencia hacia el objeto que hemos elegido investigar. Es un método interesante porque por lo general nos pone en un sitio “fuera de la violencia”, y a ella la coloca en otros lugares que se pueden elegir de acuerdo con nuestros valores; nos ayuda a creer que la violencia está en algún punto fuera de nosotros, por lo que debemos estar en condiciones de denunciarla ya que no somos de ninguna forma sujetos violentos o vulnerables. Por lo tanto, la categoría de violencia es moderna y presupone la pacificación de las relaciones sociales, el monopolio legítimo (y legalmente ordenado) del uso de la fuerza física por parte del Estado, y que en su significado límite supone haber alcanzado una judicialización obligatoria de todos los conflictos (Misse, 2006).

Estas observaciones nos llevan a un último punto: qué tipo de representaciones estamos textualizando en forma de conocimiento y qué lugar ocupan nuestras narraciones en el discurso público sobre la violencia. Al cuestionar la violencia oficial como un problema del Estado frente a la criminalidad o el delito, también tenemos la posibilidad de alejarnos de historias heroicas de personajes como los narcotraficantes y de subalternidades trágicas de gente que ha sido presa (directa o indirecta) de la violencia. En particular, la violencia asociada a las drogas y la lucha de los cárteles son discursos poderosamente estatizados por medio del control de información, fuentes no reveladas o procesos judiciales que escapan al público en general. Frente a estas cuestiones es necesario construir perspectivas periféricas o miradas hacia los márgenes de los procesos de violencia y criminalidad, o sobre las fronteras entre lo legal e ilegal, un tema que ha cobrado mucha relevancia en las discusiones internacionales. Estas opciones tienen ventajas personales y más bien estratégicas, al alejarse de la circularidad de los discursos mediáticos que parecen encontrar las “causas” de la violencia en desviaciones, privaciones o degradaciones morales, pero que se colocan en posiciones de observador de lo que significa, cambia, transforma o trasciende la violencia para las personas comunes en lugares cotidianos. Bauman (2008) ha penetrado en un asunto muy interesante cuando reflexiona sobre el archipiélago de excepciones, en el que poblaciones y gente común y corriente se ven atrapadas en el juego de exclusiones y criminalizaciones de gente “indeseable”, que ha quedado fuera del progreso y que está condenada a vivir una vida indigna, pero respecto a la cual el Estado no sabe qué hacer. Se trata de la población excedentaria, desechable, a la que por lo regular se le incrimina por su condición; son estas vidas comunes y corrientes en lugares tan irrelevantes en apariencia las que nos pueden proporcionar algún trazo de lo real sobre lo que estamos experimentando en la actualidad.

Estas vidas comunes son migrantes o personas que aspiran a serlo debido a la trayectoria de sus familias, individuos o grupos de desplazados de sus sitios de trabajo o vivienda por el narcotráfico y la violencia, sectores de clase media de las ciudades que han sido objeto de alguna violencia y han sido forzados a desplazarse de sus lugares de origen, campesinos que necesitan seguir laborando en el campo agrícola con las grandes consecuencias de inseguridad, jóvenes sin medios adecuados para construir perfiles de movilidad más interesantes que los que ofrece la delincuencia organizada, entre otras. Éstos son sólo algunos sujetos de estudio que requieren ser comprendidos en el marco de la violencia generalizada. Analizar sus estrategias de adaptación a nuevos ambientes es fundamental para entender qué opciones emergen en el corto y mediano plazo para construir entornos de seguridad humana. Cuando hago referencia a estos sujetos de estudio, me acuerdo de tantas personas que entrevisté y con las que conversé en regiones michoacanas. Personas alejadas por completo de los asuntos del narcotráfico pero resintiendo los efectos tanto de la economía de la droga como de la represión oficial hacia ésta; otras desplazadas sigilosamente de comunidades rurales hacia la sierra para sembrar pequeños plantíos de mariguana y sortear o compensar los desastres del campo agrícola por falta de financiamiento público, de lluvias o de infraestructura; jóvenes convertidos en camellos o sicarios por unos cuantos pesos, etcétera. Más aún, familias de contextos urbanos que experimentan un desplazamiento forzado o movilidad residencial debido a la extensión de la violencia en forma de secuestros, extorsiones, agresiones, componen un paisaje urbano que hasta ahora no ha sido objeto de investigación. Estas vidas humanas que transitan en los márgenes de la violencia pero que resienten sus efectos de manera directa son susceptibles de etnografía, para comprender su existencia y sus estrategias, aun con los riesgos que ello implica.

Conclusión

Los procesos de violencia e inseguridad que México y Latinoamérica experimentan recientemente han originado una serie de desafíos para la antropología y las ciencias sociales en general, tanto en términos del trabajo de investigación (etnografía) como de la representación y la textualización de los problemas sociales. De igual forma, se han abierto nuevos campos problemáticos sobre las representaciones realistas que se pueden realizar en contextos de violencia, la producción de datos y el papel que juega el conocimiento en el debate público. En este sentido, para despejar el camino necesitamos alejarnos de varias representaciones oficiales y mediáticas de la violencia y la inseguridad que confunden más de lo que explican; así como someter a un tratamiento muy rigoroso el tema de los datos y la información oficial, y sobre todo examinar con detalle el discurso de la estatización de la violencia y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. A partir de ello, reflexiono sobre la representación de la antropología y la politización de los valores del antropólogo como héroe. En este trabajo he tratado de presentar una serie de elementos que podrían considerarse a la hora de emprender investigaciones sobre y en contextos de violencia. Apoyándome en mis trabajos en regiones y poblados inmersos en problemas de narcotráfico y crimen organizado, he sostenido que el análisis de estos fenómenos puede hacerse desde una perspectiva periférica, centrada en la vida cotidiana de las personas que directa o indirectamente experimentan las consecuencias de una guerra sin sentido. La gama de actores que uno puede identificar en el terreno, como los migrantes, las clases medias, los trabajadores agrícolas, está sufriendo esas consecuencias, y su manera de enfrentar, sortear o evadir la violencia constituye un buen punto de partida para el análisis. Así, es necesario comprender las lógicas de la violencia que se han construido en los lugares donde pretendemos emprender investigaciones, construir entornos de seguridad a través de redes fuertemente sostenidas por personas de respeto y, sobre todo, tener muy claro que el estudio de la violencia no se realiza enfrentando a los actores mismos, pues esto puede acarrear resultados inesperados.


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Departamento de Antropología, UAM Iztapalapa

ALTERIDADES. año 30, número 59, enero - junio 2020, es una publicación semestral de la Universidad Autónoma Metropolitana, a tráves de la Unidad Iztapalapa, División de Ciencias de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Antropología. Prolongación Canal de Miramontes 3855, Col. Ex-Hacienda de San Juan de Dios, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14387, Ciudad de México, y Av. San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, C.P. 09340, Edif. F-001, Ciudad de México. Telefono: 5804 4600, ext. 2679. Página electrónica de la revista <http://alteridades.izt.uam.mx>. Direción electrónico: alte@xanum.uam.mx. Editor responsable: Dra. Norma Jaramillo Puebla. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del título número 04-2015-112311463800-203, e-ISSN: 2448-850X, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número: Dra. Norma Jaramillo Puebla, Unidad Iztapalapa, División de Ciencias Sociales y Humanidades. Fecha de la última actualización 24 de junio de 2020. Tamaño del archivo: 6.8 MB
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